Territorio y Desarrollo Local (I): "Globalocal" y "PG2"

En el último tramo del pasado siglo XX eran muchas las voces que vaticinaban que el avance en la globalización traería inexorablemente consigo la pérdida de protagonismo de la esfera local, que sería poco a poco absorbida en el vasto, complejo y profundo proceso globalizador. Sin embargo, existe hoy amplio consenso acerca de que ha sucedido todo lo contrario: la globalización no sólo no merma ni cuestiona el papel que secularmente ha desempeñado el ámbito local, sino que lo sitúa ante el compromiso de asumir y ejercer responsabilidades de nuevo cuño, que se suman a las de carácter histórico. Un hecho que ha sido muy bien sintetizado por Naciones Unidas al acuñar el término “globalocal” y defender el “pensar global, actuar local”. Ello supone todo un reconocimiento de que, con la globalización, los municipios y ciudades se han ido convirtiendo en actores cada vez más necesarios para dar respuesta a los retos y exigencias de los nuevos tiempos.

Valga el cambio climático, con todo lo que conlleva, cual botón de muestra al respecto. No en balde, se trata de un fenómeno de causas claramente globales; y conlleva impactos generales, que demandan respuestas globales –verbigracia, las acordadas en la Cumbre de Kioto-. Pero no es menos cierto que el cambio climático presenta también impactos eminentemente locales (por ejemplo, la posible subida del nivel del mar no afecta por igual a todos las colectividades, sino que redundará especialmente en las poblaciones costeras), que reclaman medidas concretas en cada territorio según sus especificidades. Los flujos migratorios o la propia crisis económica actual responden a idéntico esquema y a una lógica en la que lo global y lo local no sólo no se enfrentan, sino que se dan la mano.

En este contexto, los gobiernos locales han de estar a la altura de las nuevas circunstancias y abordar con decisión una cuestión en absoluto retórica: ¿su responsabilidad radica en gestionar el Ayuntamiento, en gobernar el territorio (municipio, ciudad,…) o en ambas cosas a la par?. Para afrontar este interrogante es posible acudir a varios criterios, pero ninguno tan adecuado como el que deriva de la opinión y los requerimientos de los propios ciudadanos. Por tanto, la contestación a la pregunta precedente debe articularse a través de la respuesta a esta otra: ¿qué esperan y exigen los ciudadanos de sus responsables locales?. Situado así el asunto, caben pocas dudas acerca de que los gobiernos locales han de cubrir al unísono las dos facetas enunciadas: gestionar y gobernar. Visión de las cosas que da cuerpo a lo que se puede denominar como “Perspectiva Doble G (P2G)”. Un enfoque global e integral que asume la gestión del Ayuntamiento y el gobierno del territorio como dos caras de una misma moneda, persiguiendo tanto la eficacia, eficiencia y calidad en la gestión de los asuntos cotidianos y en la prestación de los servicios municipales básicos, como la capacidad de impulso y liderazgo del territorio y sus ciudadanos.

Bajo esta óptica “P2G”, todo lo relativo a la interconexión entre gobierno local, ciudadanos y territorio transciende del tan cierto como manido argumento sobre el papel de los municipios cual Administración más cercana a la gente y sus demandas. Y obliga a resaltar dos ideas fundamentales: los Ayuntamientos (municipalidades o comunas, como también se denominan en el ámbito iberoamericano) son mucho más que entes administrativos y su dimensión política reforzada se encuadra en la reconfiguración y potenciación de lo local en un escenario marcado por la globalización; y la ciudad no es sólo el Ayuntamiento, constituyendo la gestión de éste es sólo una parte, por importante que sea, de la labor del alcalde y su equipo de gobierno.

Batería de consideraciones que desembocan, finalmente, en la necesidad de que los gobiernos locales aborden una agenda de trabajo que vaya más allá de las tareas burocráticas y de pura gestión y que incluya la configuración de un nuevo marco de relaciones con la sociedad civil, fijando la atención mucho más en el ciudadano -sujeto activo de derechos y deberes- que en el administrado -perceptor pasivo de servicios públicos-.