Los medios de comunicación se han hecho eco del informe sobre la economía digital en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que la semana pasada fue dado a conocer.
Sus conclusiones muestran que, ni siquiera en una zona del planeta tan desarrollada como la UE, las tecnologías han echado aún raíces entre el conjunto de la población. Por lo que el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, del que tanto se habla, está quedando para muchos europeos -no digamos ya para persona residentes en otras partes del globo- en pura entelequia; y asi puede seguir siendo a medio y largo plazo.
Hay que tomar buena nota de tres conclusiones del informe:
+un tercio de los europeos nunca ha utilizado Internet;
+uno de cada cuatro, jamás ha usado un ordenador; y
+el 40% no tiene acceso a Internet en su domicilio.
Dadas las enormes posibilidades para el crecimiento individual y colectivo -no sólo en términos materiales, sino también desde una perspectiva trascendente- que Internet y las nuevas tecnologías ofrecen, hay que reflexionar acerca de cómo superar tal estado de cosas, pensando no sólo en Europa, sino en el planeta.
En este sentido, es muy probable que las políticas públicas para la sociedad de la información anden confundidas en sus objetivos. Y ello porque se centran de manera prioritaria en la cantidad -la incorporación y distribución masiva de los instrumentos operativos (hardware y software) que son soporte de las tecnologías- y se preocupan poco o nada de la calidad -los servicios que recibimos a través de tales instrumentos tecnológicos-.
De este modo, los poderes públicos están apoyando la adquisición y dotación de hardware, software e internet (correo electrónico, comercio electrónico,...) en micro y pequeñas empresas (mypes), centros educativos, instituciones públicas y privadas y hasta, el algunos puntos de Europa, domicilios particulares. Sin embargo, no están teniendo en cuenta que una parte significativa de la población carece de interés alguno por las nuevas tecnologías; así, tal cual suena, las tecnologías como tal le importan muy poco. Le pueden interesar sus servicios –ocio y entretenimiento, informativos, culturales, facilidad y bajo coste en la comunicación, etcétera-, pero no la tecnología en sí.
Esto hace que, como enseñan las buenas prácticas en desarrollo local, las actuaciones públicas deban dirigirse a la raíz del asunto: la alfabetización tecnológica de la población (del mismo modo que durante la pasada centuria se trabajó para que la alfabetización tradicional –leer y escribir- llegara a todos). Y esta alfabetización tecnológica pasa, inexorablemente por el incremento de los servicios en la red. Será por el interés que estos servicios despierten, por su atractivo y capacidad de gancho, por lo que muchas personas se acercarán a las tecnologías; no por éstas, sino porque sus servicios le hagan la vida cotidiana más cómoda o divertida.
Contradictoriamente, mientras el sector privado está siendo bastante creativo y dinámico en la introducción de servicios en la red, las Administraciones públicas presentan enormes déficits al respecto. Y la Administración electrónica continúa sin ser realidad: numerosísimas gestiones que los ciudadanos podríamos realizar perfectamente a través de Internet, siguen moviéndose en el ámbito de las ventanillas, las colas, los sellos y las polizas, con el tufillo del “vuelva usted mañana” que Larra popularizó en el siglo XIX.
No hay excusas. Los poderes públicos han de impulsar con decisión y rotundidad la Administración electrónica (lo llevado a cabo en España por la Agencia Tributaria con relación al IRPF señala claramente el camino). Con ello no sólo mejorarían la calidad de los servicios que prestan, sino que contribuirían de forma notable a la alfabetización tecnológica de la población, propiciando una verdadera distribución social del conocimiento y evitando nuevas segregaciones sociales.
Inserté ayer en el Blog una serie de reflexiones a cerca de los servicios en Internet y su interrelación con la necesaria alfabetización tecnológica de la población, concluyendo que los poderes públicos han de promover decididamente la Administración electrónica.
