Nada justifica la prolongación de la edad jubilación

El plan aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 29 de enero, en orden a alargar la edad de jubilación, carece de sentido, mírese por dónde se mire. Se trata de una decisión:

+políticamente incomprensible: por su contenido, por el momento en la que se plantea y por las formas con las que se lanza;

+objetivamente injustificada: no se corresponde con la realidad social, demográfica, laboral y económica del país;

+profundamente antidemocrática: siendo tanta su importancia y efectos, nada se adelantó al respecto, más bien todo lo contrario, en el programa electoral con el que José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a las elecciones hace menos de dos años; y

+de hondo calado antisocial: recorta directamente una prestación social tan primaria como la percepción de una pensión y vulnera, incluso, derechos adquiridos por millones de trabajadores.

Merece la pena subrayar, en primer lugar, que la iniciativa gubernamental sitúa en la órbita de la arbitrariedad y la discrecionalidad política un derecho ciudadano tan básico como la seguridad jurídica acerca de la edad a la que se accede a la jubilación, tras décadas de trabajo y de contribuir a las arcas del Estado y de la Seguridad Social. Sin respetar el llamado Pacto de Toledo, haciendo caso omiso a los informes técnicos barajados en las comisiones parlamentarias creadas al efecto y sin diálogo social previo alguno, hoy es Zapatero el que propone subir la edad de jubilación a los 67 años; y mañana puede ser Rajoy el que diga, con los mismos sinsentidos, que se amplía a los 69. O, por qué no, a los 70 (por cierto, en Alemania, donde se ha abierto idéntico debate, la edad media de jubilación es de sólo 61 años).

Por otro lado, es curioso que el Gobierno centre su atención en la edad del trabajador y no en los años que lleve cotizando al sistema de pensiones. Máxime cuando las estadísticas ponen de manifiesto que un alto porcentaje de los asalariados que han rebasado ya los 50 años de edad, llegarán a los 65 con 40 o más años de cotización cumplidos.

Igualmente, resulta insólito que el Gobierno ignore que la esperanza de vida en España, según datos oficiales del Observatorio del Sistema Nacional de Salud, no es de 90 años, ni de 85, como implícitamente dejan caer algunas declaraciones “oficiales”, sino de 80 (exactamente, 80 años, dos meses y 24 días). Y esta cifra se reduce a 77 años (76 años y once meses) en el caso de los hombres, que conforman el mayor porcentaje de la población trabajadora, muy especialmente la que ha rebasado los 50 años. Lo que significa que los asalariados varones que tenían hasta ahora, con la jubilación a los 65, un horizonte de 12 años para disfrutar de la pensión antes del fallecimiento, ven, con el alargamiento a los 67, que tal horizonte de descanso vital se reduce a ¡sólo 10 años!, con independencia de que hayan estado aportando durante décadas a la financiación del sistema (para el global de los trabajadores, hombres y mujeres, el tiempo de disfrute medio de la pensión antes de la muerte se rebaja de 15 a 13 años).

En cuarto lugar, no es menos escandaloso que se hurte a la opinión pública una información crucial: la población activa española -personas en edad y en disposición de trabajar- ha crecido enormemente y se ha rejuvenecido –gracias, en buena medida, a la inmigración- a lo largo de los últimos tres lustros. En este orden, la denominada tasa de actividad (porcentaje de la población activa sobre la total) sufrió en España un descenso continuo entre 1976 y 1996: con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre de 1996 dicha tasa fue del 49,97 por 100, frente al 51,40 del mismo periodo de 1976. Sin embargo, a partir del 30 de junio de 1996 la tendencia ha cambiado radicalmente: desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2009, la tasa de actividad ha subido hasta el 59,76%; y la población activa se ha incrementado ¡en 7.094.700 personas, un 44,68%!. Estos números garantizan objetivamente el vigente sistema de pensiones y explican que su Fondo de Reserva supere hoy los 60.000 millones de euros. Cosa distinta es que esa población activa no encuentre un puesto de trabajo y, contra su voluntad, nutra las cifras de paro. Pero esto no se soluciona modificando la edad de jubilación, sino creando empleo (en lugar de generar un parado más cada 28 segundos, como ha ocurrido a lo largo de todo el año 2009).

Por otra parte, el insulto a la inteligencia llega al límite cuando se argumenta el déficit público como razón de la ampliación de la edad de jubilación. ¿Tienen acaso las pensiones algo que ver con dicho déficit cuando cerraron 2009 con 8.000 millones de euros de superávit?. Los 120.000 millones de euros de déficit que durante el pasado ejercicio acumularon las arcas del Estado en absoluto obedecen a las pensiones. En cambio, sí han tenido mucho que ver en ello las voluminosas ayudas públicas –financiadas, obviamente, con el dinero de nuestros impuestos- canalizadas hacia la banca privada (avales, compras de activos, ayudas a la morosidad, inyecciones de capital,...). Tales ayudas representan no menos de la mitad del reiterado déficit. Y gracias a ellas, la banca puede seguir prejubilando a sus altos directivos con tres millones de euros de indemnización, concluyó el año con más de 17.000 millones de euros de beneficios e impulsó un subida del 27% de la Bolsa, cuyas ganancias en 2009 se elevaron a 128.000 millones de euros.

Por último, a semejante escenario hay que añadir otros dos hechos que terminan por dibujar un cuadro francamente inaudito: de un lado, las prejubilaciones para personas con poco más de 50 años de edad y menos de 25 cotizados que el Gobierno generosamente ha autorizado tanto a esa misma banca como a muchas empresas privadas; y que cientos de miles de jóvenes tengan cerradas las puertas del mercado laboral, mientras se quiere forzar a permanecer en él dos años más a la gente que les debería dar el relevo generacional.

En definitiva, nada justifica el plan aprobado por el Gobierno para alargar la edad de jubilación. Nada salvo la necesidad de congraciarse con los “mercados financieros”, eufemismo que oculta los intereses de la misma élite económica, bancaria y empresarial que, habiendo provocado la crisis y el desempleo masivo, está siendo su gran beneficiaria y que, como se ha demostrado en Davos, aspira a serlo todavía más.