DÉCALOGO
1. Reclamamos la
reparación urgente de los daños causados a
la sociedad. La OMS cometió un
gravísimo error al declarar la pandemia sin cumplir los requisitos científicos
necesarios y sin evaluar correctamente los daños colaterales que esta
declaración iba a provocar y que están resultando tremendamente lesivos para la
población, agravados además por unas medidas gubernamentales de emergencia
desacertadas y contraproducentes desde el punto de vista sanitario.
2. Estamos a favor de
una narrativa de la pandemia veraz, diferente a la que han ofrecido la OMS y los organismos oficiales,
que han contado falsedades y han dado información sesgada, manipulando y
aterrorizando a la población a través de los medios de comunicación. Rechazamos
por su inutilidad e ineficacia las pruebas PCR que generan un gran porcentaje
de falsos positivos. El relato oficial es falso porque se ha construido en base
a estadísticas de fallecidos, contagios y “asintomáticos” que no son creíbles
por estar todas ellas basadas en test PCR que nunca han servido para
diagnosticar enfermedades víricas.
3. Nos manifestamos a
favor de una gestión social y sanitaria inteligente y eficaz, dirigida específicamente a la población vulnerable, en vez de las
medidas políticas y administrativas adoptadas de obligado cumplimiento y de
dudosa legalidad (confinamiento, mascarillas, aislamiento y distanciamiento
social de personas sanas, restricciones de horario y movilidad, prohibición de autopsias, diagnósticos basados en test PCR
inespecíficos, etc.), que han resultado ser de enorme impacto negativo desde el
punto de vista sanitario, social y económico y nos abocan a una hecatombe sin precedentes.
4. Demandamos políticas
sanitarias que respeten las libertades civiles, los derechos fundamentales y
los derechos humanos, y nos oponemos a las políticas
irracionales, represivas y sancionadoras, o que atenten contra nuestra integridad y
nuestros principios éticos y morales. No toleraremos los abusos de poder ni
que el Estado imponga una “Nueva Normalidad” que recorte nuestros derechos
sociales y ambientales, y las libertades civiles que tanto nos costaron
conquistar. Exigimos particularmente la normalización de la atención médica y
sanitaria en los hospitales y la restitución de la atención primaria. Y
clamamos por que se ponga fin a las medidas deshumanizadoras implantadas en los
centros educativos y una protección real de los derechos de nuestros niños.
5. La vacuna, cualquiera que sea, debe ser voluntaria y no
forzosa ni obligatoria, con plenas garantías de seguridad y
eficacia. Los fabricantes de vacunas deben ofrecer información completa, veraz
y verificable sobre su composición y efectos adversos o no deseados. Y hacerse
responsables de los posibles daños causados. Antes de recomendar o administrar
ninguna vacuna, el
gobierno debe acreditar científicamente, de manera clara, rotunda, inequívoca y
fehaciente, la existencia del virus SARS-Cov2 y su supuesta relación de
causa-efecto con los síntomas de la enfermedad que la OMS ha denominado
Covid-19. Asimismo, debe justificar con evidencia científica que las medidas
tomadas contra la población “asintomática” tienen sustento y respaldo científico. Exigimos
que nuestra Constitución blinde la no obligatoriedad de la vacunación para
garantizar que ningún gobierno de turno tenga potestad para imponer la
vacunación
obligatoria a los ciudadanos.
6. Nos pronunciamos a favor de la desactivación de las redes 5G por
su peligrosidad y por atentar contra
nuestra salud, deteriorando nuestro sistema inmunitario y reduciendo la absorción y asimilación
de oxígeno a nivel celular. Apelamos al principio de precaución, abogamos por
un mayor control de las emisiones de las radiofrecuencias electromagnéticas y
rechazamos el uso de la tecnología como medio de control social a través de la inteligencia
artificial y cualquier tipo de experimentación global con los seres vivos y con
el medio ambiente.
7. Abogamos por la plena libertad de expresión y condenamos enérgicamente el terrorismo mediático y la
censura en todas sus formas y manifestaciones, tanto la ejercida por las
instituciones públicas como por las corporaciones privadas. Así mismo condenamos la brutal campaña de censura en las
principales redes sociales y plataformas online donde periodistas,
profesionales, médicos, científicos y ciudadanos están
siendo sistemáticamente coaccionados, censurados y eliminados por cuestionar
las medidas de la OMS y del gobierno. Y muy en especial el sangrante caso de
los médicos y sanitarios que están siendo despedidos de sus trabajos,
expedientados y cesados, por cuestionar la retórica de la OMS y del gobierno. Reafirmamos
nuestro compromiso con la defensa de la libertad de opinión y de expresión,
pero a la vez con la metodología de la no violencia y con la resolución
pacífica de los conflictos, porque la libre expresión no puede servir jamás de
excusa para justificar o amparar agresiones o comportamientos violentos.
8. Nos reafirmamos en la soberanía de nuestra salud. Exigimos
la inmediata liberación de las patentes de salud, maliciosamente retenidas
o prohibidas durante décadas, la independencia del sistema sanitario respecto
de la industria farmacéutica, y la libre elección de los tratamientos
disponibles incluyendo las terapias naturales o las alternativas (como el MMS o dióxido
de cloro), junto a la accesibilidad y gratuidad de dichos tratamientos.
9. Reclamamos justicia y una investigación a fondo de lo ocurrido
en las residencias. El gobierno debe explicar a la ciudadanía qué ocurrió en las
residencias de ancianos: por qué se les denegó la asistencia médica y el acceso a
hospitales vacíos; por qué se ordenó su sedación en muchos casos; por qué las autoridades
sanitarias aprobaron el tratamiento de ancianos sanos con peligrosos
medicamentos contraindicados para mayores de 65 años, como las drogas
Covicistat y Darunavir, con el pretexto de aplicárselo como tratamiento
preventivo del Covid-19 y pese a las claras advertencias de los mismos
fabricantes de dichas drogas; por qué se les encerró en habitaciones dejándoles
morir de inanición y deshidratación, como testimonian cada vez más trabajadores
sanitarios y testigos del ejército; por qué se aplicó a los fallecidos el
protocolo de Grupo Dos (indicado para cadáveres radiactivos y evitando así las
autopsias) en lugar de aplicarles el protocolo de Grupo Uno, indicado para la
gestión
de cadáveres resultantes de
enfermedades infecto contagiosas y como cabría esperar en cualquier pandemia. El
gobierno debe reparar de manera urgente los daños causados a los familiares
afectados y poner punto final a la hoja de ruta de la “nueva normalidad”.
10. Exigimos transparencia y democracia, porque sin
transparencia no hay democracia. La nefasta gestión de la pandemia ha puesto de
manifiesto tanto la falta de transparencia de las instituciones públicas y
privadas como la escasa calidad democrática de nuestro sistema político.
Reclamamos un debate público donde las distintas corrientes científicas
expongan sus argumentos con libertad, aunque no coincidan con los de la
oficialidad representada por la OMS. Nunca más se deben adoptar medidas tan
drásticas, que afectan muy negativamente a la ciudadanía, sin contar con el
necesario consenso social y sin poner a disposición de la sociedad toda la
información necesaria para la adopción de tales medidas.
Nota: Este Decálogo lo han suscrito ya
más de 100 organizaciones de la sociedad civil, 70 de las cuales están adheridas
a la Coordinadora Sin Miedo.
Si estás de acuerdo envía
tu adhesión o la de la entidad que representas a coordinadorasinmiedo@gmail.com
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Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de poner a su disposición
dos modelos de cartas, una para dirigir a los directores de los colegios
públicos y otra a los directores de colegios privados.
Mediante estas cartas, redactadas por el Ilustre Abogado del
Colegio de Valencia D. José Ortega, ustedes podrán advertir, haciendo uso de
los derechos que la actual legislación les confiere, al centro donde tengan
escolarizado a su hijo o hija de forma expresa su NO CONSENTIMIENTO a
que su hijo o hija sea vacunado/a con las mal llamadas “vacunas” de Covid 19.
Hemos considerado importante, habida cuenta los riesgos
innecesarios que supone la inoculación de dichas sustancias, que ustedes firmen
y envíen lo antes posible esta cara certificada al Centro donde esta
escolarizado su hijo o hija para asegurarse de que no se proceda a realizar
ningún tipo de vacunación sin su consentimiento expreso.
Confiando en que esta carta les sea de utilidad a todos les saluda cordialmente,
Coordinadora Sin Miedo (CSM)(Entidad
que agrupa a más de 70 asociaciones de toda España).
Email: coordinadorasinmiedo@gmail.com
MODELO DE CARTA PARA DIRECTOR DEL COLEGIO,
EN CASO DE SER PÚBLICO
A la atención del señor director del centro escolar……………..
Estimado/a señor/a director/a:
Me dirijo a usted en mi condición de (padre/madre) del menor …………………….……………..,
escolarizado en ese centro.
Lo supongo al tanto de la actual campaña de vacunación contra el
COVID 19. Quizá también sea conocedor de que existe en la sociedad (no en
los medios de comunicación) un debate sobre la peligrosidad y al mismo tiempo
sobre la eficacia de este tipo de “vacunas”.
Sin perjuicio de que tanto usted como el claustro que tan
dignamente dirige sean de otra opinión, considero que la sustancia a la que se
insiste en llamar vacuna es un suero que no ha superado la fase de
experimentación clínica y que no ha sido autorizado por la Agencia Española del
Medicamento, y por tanto no es seguro. También estoy al tanto (y no es una
suposición, sino una certeza) de que, en muy alta proporción, la administración
de esa cosa ha dado lugar a muertes, lesiones neurológicas, perjuicio del
sistema inmunológico y otros efectos secundarios graves.
De aquí mi decisión, como progenitor y responsable del bienestar de
mi hijo/a, de que no le sea inoculada la vacuna en cuestión.
No hay duda alguna en relación con el marco legal aplicable. Tanto
el convenio de Bioética de Oviedo como la declaración universal de Bioética de
Paris y la ley de autonomía del paciente garantizan que el consentimiento es previo
a cualquier tratamiento médico. En este caso, por favor tome nota de que no hay
tal consentimiento.
El artículo 10.2 de la Constitución manda que el catálogo de derechos
fundamentales en ella recogido deberá interpretarse de conformidad con la
Declaración Universal de derechos del Hombre y demás convenios de derechos
humanos suscritos por España. Esto significa que el derecho a la integridad
física y moral recogido en su artículo 15 debe hacerse extensivo a la
opción de no seguir un tratamiento médico no deseado ni solicitado, como sucede
en este caso.
Explicado de forma más sencilla: El derecho a no ser vacunado forma
parte del recogido en el artículo 15 de la Constitución y por lo tanto es un
derecho fundamental de la persona.
Pues bien, nos encontramos ante una presión mediática, política y
jurídica tan intensa en favor de la vacunación, que están menudeando fenómenos
desafortunados en mi opinión, como son las reclamaciones judiciales para que se
obligue a recibir la vacuna a ancianos alojados en residencias, entre otros
casos.
La presente comunicación tiene carácter preventivo además de
extraordinariamente cordial. Su objeto es adelantarme a una posible situación
inesperada en la que los padres pudiéramos vernos sorprendidos por el anuncio
de la inminente vacunación de nuestros hijos.
De forma muy afable y considerada, además de pedirle que NO permita
que se administre la vacuna a mi hijo/a, le participo que si se produjera una
situación de ese tipo, formularía contra usted y los demás responsables
querella por el delito del artículo 542 del Código Penal en relación con el 15
de la Constitución.
Esta querella se formularía con independencia de los posibles
resultados dañosos y por el mero hecho de la inoculación.
Si además tales resultados dañosos se produjeran, se formularía
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración y, llegado el
caso, se haría efectiva la misma sobre el patrimonio personal de usted y otros
responsables en virtud del artículo 36.2 de la ley de régimen jurídico del
sector público. Ello sin perjuicio de la posibilidad de formular querella por
un posible delito de daños.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
MODELO DE CARTA PARA DIRECTOR DEL COLEGIO,
EN CASO DE SER PRIVADO
A la atención del señor director del centro escolar……………..
Estimado señor director:
Me dirijo a usted en mi condición de (padre/madre) del menor
…………………….…………….., escolarizado en ese centro.
Lo supongo al tanto de la actual campaña de vacunación contra el
COVID 19. Quizá también sea conocedor de que existe en la sociedad (no en los
medios de comunicación) un debate sobre la peligrosidad y al mismo tiempo sobre
la eficacia de este tipo de “vacunas”.
Sin perjuicio de que tanto usted como el claustro que tan
dignamente dirige sean de otra opinión, considero que la sustancia a la que se
insiste en llamar vacuna es un suero que no ha superado la fase de
experimentación clínica y que no ha sido autorizado por la Agencia Española del
Medicamento, y por tanto no es seguro. También estoy al tanto (y no es una
suposición, sino una certeza) de que en muy alta proporción la administración
de esa cosa ha dado lugar a muertes, lesiones neurológicas, perjuicio del
sistema inmunológico y otros efectos secundarios graves.
De aquí mi decisión, como progenitor y responsable del bienestar de
mi hijo/a, de que no le sea inoculada la vacuna en cuestión.
No hay duda alguna en relación con el marco legal aplicable. Tanto
el convenio de Bioética de Oviedo como la declaración universal de Bioética de
Paris y la ley de autonomía del paciente garantizan que el consentimiento es
previo a cualquier tratamiento médico. En este caso, por favor tome nota de que
no hay tal consentimiento.
El artículo 10.2 de la Constitución manda que el catálogo de
derechos fundamentales en ella recogido deberá interpretarse de conformidad con
la Declaración Universal de derechos del hombre y demás convenios de derechos
humanos suscritos por España. Esto significa que el derecho a la integridad
física y moral recogido en su artículo 15 debe hacerse extensivo a la
opción de no seguir un tratamiento médico no deseado ni solicitado, como sucede
en este caso.
Explicado de forma más sencilla: El derecho a no ser vacunado forma
parte del recogido en el artículo 15 de la Constitución y por lo tanto es un
derecho fundamental de la persona. Pues bien: Nos encontramos ante una presión
mediática, política y jurídica tan intensa en favor de la vacunación, que están
menudeando fenómenos desafortunados en mi opinión, como son las reclamaciones
judiciales para que se obligue a recibir la vacuna a ancianos alojados en
residencias, entre otros casos.
La presente comunicación tiene carácter preventivo además de
extraordinariamente cordial. Su objeto es adelantarme a una posible situación
inesperada en la que los padres pudiéramos vernos sorprendidos por el anuncio
de la inminente vacunación de nuestros hijos.
De forma muy afable y considerada, además de pedirle que NO
permita que se administre la vacuna a mi hijo/a, le participo que si se
produjera una situación de ese tipo y surgiera algún efecto adverso, formularía
contra usted demanda exigiendo las correspondientes responsabilidades
económicas de conformidad con el artículo 1902 del Código Civil, sin perjuicio
de la posibilidad de formular querella por un posible delito de daños.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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