En defensa de una red libre

Desde este Blog se apoya y suscribe la siguiente declaración, firmada, entre otros, por Carlos Martínez, jurista, Pascual Serrano, periodista y escritor, Carlos Sánchez Almeida, abogado, Belén Gopegui, novelista, Santiago Alba, escritor, Ignacio Ramonet, periodista y escritor, Alex de la Nuez, músico, Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor, Isaac Rosa, escritor, Constantino Bértolo, editor, Carlo Frabetti, escritor y matemático, Rosa Regás, escritora, Irene Amador, antropóloga, Antonio Arco, músico, Montserrat Boix, periodista, o Ramón Ramón, profesional del software libre.

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El reciente “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” (ver la entrada del Blog titulada ¡Internet libre!, del pasado 4 de diciembre) ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, bloggers y simples usuarias y usuarios de la Red de un muy amplio abanico político. Revisando lo escrito y dicho sobre este manifiesto, encontramos que tenemos algunos compañeros “de viaje” realmente incómodos. Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada.

La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna industria o comercio.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico objetivo, el sustento de creadoras y creadores, se ha utilizado como elemento de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos, representa un valor estratégico. La riqueza de una nación puede llegar a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades animales patentadas. Desde una óptica transformadora que aspira a una sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre conocimiento.

Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al revés, como se suele pensar. Consideramos que el sistema de royalties que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso creemos que no se trata de que las autoras y autores cambien de amos. La cultura libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario. Son muchas las y los creadores que se definen como trabajadoras y trabajadores de la cultura y aspiran a una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más allá del esfuerzo realizado. El problema no radica en cómo seguir cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.

Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo. La era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de los pueblos.

Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe defender la democratización de toda la economía. No parece razonable aplicar en este debate el término "democracia" tan superficialmente como se está haciendo. Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de correlación de fuerzas.

Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos. Sabemos que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente represente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a cabo.

En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft, legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima difusión. O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de ser una cuestión privada. Iniciativas como la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas distintas. Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en este momento la evolución de los medios de reproducción abre una oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina.

Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se adueñan de ella un poco más.

Internet libre: espectacular movilización

Como se hizo en este Blog en el día de ayer (ver entrada ¡Internet libre!), miles de blogs han publicado y apoyado el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet y contra el flagrante ataque a los mismos que representan diversos contenidos del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, promovido por el Gobierno español. Lo que ha provocado, a su vez, que ya sean más de un millón de páginas las que Google ha incorporado a propósito del citado Manifiesto.

Twitter se ha convertido, igualmente, en un gran motor de expansión del Manifiesto. Facebook, por su parte, cuenta con su página dedicada al mismo, que ha recogido ya más de 50.000 adhesiones y canaliza numerosas convocatorias de movilizaciones contra el anteproyecto, entre las que destacan los dos actos convocados para hoy en Madrid, ambos a las 20:00 horas, uno frente al Ministerio de Cultura y otro en la Plaza Mayor. Y Tuenti, la red social más popular en España, en sólo doce horas concitó ayer la atención de más de 10.000 internautas en al menos dos de los eventos que informaban sobre la existencia del Manifiesto.

La movilización por Internet libre está siendo, por tanto, espectacular. Y es, en sí misma, la mejor de demostración de los valores de la Red –con la libertad de expresión y comunicación como eje- que los poderes públicos deben preservar y garantizar, en lugar de recortar y maniatar como pretende hacer el mencionado anteproyecto.

Durante hoy y los próximos días se espera aún mayor penetración del mensaje, gracias a la arrasadora capacidad de comunicación de estos entornos sociales, que usamos millones de personas. Os invito a participar activamente en esta enorme movilización por Internet libre.

¡Internet libre!

El Manifiesto que se recoge a continuación, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se está difundiendo en muchos medios, blogs y webs. Desde este Blog también nos sumamos a él y solicitamos su divulgación:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Administración electrónica y E-government

Inserté ayer en el Blog una serie de reflexiones a cerca de los servicios en Internet y su interrelación con la necesaria alfabetización tecnológica de la población, concluyendo que los poderes públicos han de promover decididamente la Administración electrónica.
Perece que el asunto interesa, pues han sido varios los seguidores del Blog, que actúan en la esfera del desarrollo local, que me han remitido emails solicitando mayor información.
En este orden, aconsejo la lectura de la Revista Democracia y Gobierno Local, concretamente su nº6, correspondiente al terecer trimestre de 2009, que tiene precisamente como tema central las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la Administración Pública. Se puede acceder a todos sus contenidos en este enlace:
http://www.gobiernolocal.org/revista/revista_democracia_06.pdf
Dentro de ella, merece especial atención el trabajo “¿Innovar o maquillar?: la incorporación de las TIC a los procesos políticos”, que viene como anillo al dedo a propósito de varias de las consideraciones vertidas ayer; y el titulado “Propuestas desde el eGov 2.0”, que resume bien el estado de la cuestión con referencia al eGovernment o Administración 2.0, basada en la incorporación de soluciones tecnológicas a la práctica de las instituciones públicas.
Como complemento, la revista aconseja tres webs cuyo utilidad también refrendo:
+Electronic Journal of E-government (EJEG):
http://ejeg.com/scope.htm
+International Journal of E-Governance (IJEG):
http://inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijeg
+Revista de Internet, Derecho y Política (IDP)
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/
Espero que os sirvan

Servicios en Internet y alfabetización tecnológica

Los medios de comunicación se han hecho eco del informe sobre la economía digital en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que la semana pasada fue dado a conocer.
Sus conclusiones muestran que, ni siquiera en una zona del planeta tan desarrollada como la UE, las tecnologías han echado aún raíces entre el conjunto de la población. Por lo que el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, del que tanto se habla, está quedando para muchos europeos -no digamos ya para persona residentes en otras partes del globo- en pura entelequia; y asi puede seguir siendo a medio y largo plazo.
Hay que tomar buena nota de tres conclusiones del informe:
+un tercio de los europeos nunca ha utilizado Internet;
+uno de cada cuatro, jamás ha usado un ordenador; y
+el 40% no tiene acceso a Internet en su domicilio.
Dadas las enormes posibilidades para el crecimiento individual y colectivo -no sólo en términos materiales, sino también desde una perspectiva trascendente- que Internet y las nuevas tecnologías ofrecen, hay que reflexionar acerca de cómo superar tal estado de cosas, pensando no sólo en Europa, sino en el planeta.
En este sentido, es muy probable que las políticas públicas para la sociedad de la información anden confundidas en sus objetivos. Y ello porque se centran de manera prioritaria en la cantidad -la incorporación y distribución masiva de los instrumentos operativos (hardware y software) que son soporte de las tecnologías- y se preocupan poco o nada de la calidad -los servicios que recibimos a través de tales instrumentos tecnológicos-.
De este modo, los poderes públicos están apoyando la adquisición y dotación de hardware, software e internet (correo electrónico, comercio electrónico,...) en micro y pequeñas empresas (mypes), centros educativos, instituciones públicas y privadas y hasta, el algunos puntos de Europa, domicilios particulares. Sin embargo, no están teniendo en cuenta que una parte significativa de la población carece de interés alguno por las nuevas tecnologías; así, tal cual suena, las tecnologías como tal le importan muy poco. Le pueden interesar sus servicios –ocio y entretenimiento, informativos, culturales, facilidad y bajo coste en la comunicación, etcétera-, pero no la tecnología en sí.
Esto hace que, como enseñan las buenas prácticas en desarrollo local, las actuaciones públicas deban dirigirse a la raíz del asunto: la alfabetización tecnológica de la población (del mismo modo que durante la pasada centuria se trabajó para que la alfabetización tradicional –leer y escribir- llegara a todos). Y esta alfabetización tecnológica pasa, inexorablemente por el incremento de los servicios en la red. Será por el interés que estos servicios despierten, por su atractivo y capacidad de gancho, por lo que muchas personas se acercarán a las tecnologías; no por éstas, sino porque sus servicios le hagan la vida cotidiana más cómoda o divertida.
Contradictoriamente, mientras el sector privado está siendo bastante creativo y dinámico en la introducción de servicios en la red, las Administraciones públicas presentan enormes déficits al respecto. Y la Administración electrónica continúa sin ser realidad: numerosísimas gestiones que los ciudadanos podríamos realizar perfectamente a través de Internet, siguen moviéndose en el ámbito de las ventanillas, las colas, los sellos y las polizas, con el tufillo del “vuelva usted mañana” que Larra popularizó en el siglo XIX.
No hay excusas. Los poderes públicos han de impulsar con decisión y rotundidad la Administración electrónica (lo llevado a cabo en España por la Agencia Tributaria con relación al IRPF señala claramente el camino). Con ello no sólo mejorarían la calidad de los servicios que prestan, sino que contribuirían de forma notable a la alfabetización tecnológica de la población, propiciando una verdadera distribución social del conocimiento y evitando nuevas segregaciones sociales.